La justicia determinó que hubo un plan sistemático de apropiación de hijos de mujeres secuestradas durante la última dictadura militar. Bignone recibió una pena de 15 años y de 5 años una mujer que se apropió de un nieto recuperado.
La justicia argentina reconoció ayer formalmente la existencia de un plan sistemático de robo de bebes a mujeres secuestradas durante la última dictadura, al condenar a 50 años de reclusión al exdictador Jorge Rafael Videla, (máxima sanción prevista en la legislación nacional) y aplicar severas penas de hasta 40 años a otros exrepresores. También fue condenada a 5 años la exmujer de un oficial del Ejército por la apropiación de un nieto recuperado, con lo cual la justicia juzgó la participación civil en el plan sistemático.

El Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) de Capital Federal condenó en la misma causa a 30 años de prisión al exmarino Jorge Tigre Acosta, responsable operativo del centro clandestino de detenciones que funcionó en la Esma durante la dictadura, y a 15 años al exdictador Reynaldo Bignone, último presidente de facto.

Al dictar condena en esta causa iniciada hace dieciséis años por las Abuelas de Plaza de Mayo -por crímenes cometidos hace más de tres décadas-, el TOF 6 resolvió unificar en esa única pena la actual y las dos anteriores condenas a perpetuidad que ya tenía Videla. En el mismo fallo, el tribunal condenó al almirante Antonio Vañek, que comandó la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (Esma) y al exjefe de Campo de Mayo, Santiago Omar Rivero, a 40 y a 20 años de prisión respectivamente.

En los sitios mencionados, bajo jurisdicción de la Armada y del Ejército, se cometió la mayoría de los 35 delitos puntualmente ventilados durante los últimos 15 meses en este juicio.

Al leer el fallo, la jueza María del Carmen Roqueta dejó expresamente sentado que, para el tribunal, cada uno de los casos constituye una “parte integrante de un plan sistemático de robo de bebés” desarrollado durante el período del terrorismo de Estado. “Sentimos que se va recuperando la justicia, pese a que las penas fueron un poco livianas”, dijo la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, quien sin embargo rescató la importancia de que el fallo haya reconocido la existencia de un plan.

“Es un momento de alegría y de hermandad entre nosotros. Agradecemos a nuestros papás por habernos dado la vida y a las Abuelas por recuperar nuestra identidad”, dijo conmovida la nieta recuperada Victoria Montenegro, en medio de un público compuesto entre otros por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y jóvenes de la agrupación Hijos, muchos de ellos nacidos en cautiverio. También pudo verse a militantes políticos como el legislador porteño Juan Cabandie -nieto recuperado- y el diputado nacional Martín Sabatella (Nuevo Encuentro).

De los once acusados, nueve fueron encontrados penalmente responsables de “sustracción, retención y ocultamiento de menores”, con el agravante de contar los chicos con menos de 10 años, y la posterior supresión de su identidad, en diferentes circunstancias.

El último dictador, Reynaldo Bignone, fue condenado a 15 años de prisión, igual pena que el médico militar Jorge Luis Magnaco, quien asistía a las madres en la Esma, mientras que al prefecto Jorge Azic le dieron 14 años.

El exoficial del Ejército Víctor Gallo, que junto a su exmujer Susana Colombo se apropiaron del nieto restituido Francisco Madariaga Quintela, fueron condenados a 15 y 5 años de prisión, respectivamente.

El exagente de inteligencia, Eduardo Ruffo y el exalmirante Rubén Franco, que integró la última junta militar fueron absueltos, pero el primero quedó detenido por otros juicios pendientes.

Esta causa había arrancado el 30 de diciembre de 1996 con una presentación de Estela de Carlotto y María Isabel Chicha Mariani, que aprovecharon el vacío jurídico dejado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para denunciar la apropiación de los hijos de las mujeres desaparecidas durante ese tiempo.

Se quebró la mujer juzgada por apropiarse de un nieto recuperado
Susana Colombo, condenada a 5 años de prisión por la apropiación del nieto recuperado Francisco Madariaga, afirmó ayer que nunca supo que el joven era hijo de desaparecidos, al pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal en el juicio oral por el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura. En tanto, su exmarido, el militar Víctor Gallo, se negó a pronunciarse al respecto.

Al hablar, Colombo aseguró que “en ningún momento” supo que Francisco “era hijo de desaparecidos” y que se enteró en la cárcel que el joven había encontrado a su padre biológico, algo que la puso “muy feliz, porque es lo que cualquier madre hace de corazón”.

“He vivido un infierno estos 40 años, mi prioridad siempre fueron mis hijos, considero que tengo tres, aunque él no sea mi hijo biológico”, agregó la acusada ante los jueces que ayer dieron su veredicto.

“Lamento no haber actuado de otra manera”, sostuvo en relación con la violencia que denunció haber padecido por parte de su exmarido Gallo, juzgado junto con ella en el juicio, y con un requerimiento de 25 años de prisión por parte del fiscal Martín Niklison. “Perdí a mi familia y a él”, concluyó la mujer.

Victoria Montenegro, nieta recuperada: “Muchos años de lucha”
La nieta restituida Victoria Montenegro, uno de los casos emblemáticos de robo de hijos de desaparecidos y cuyo juicio llegó ayer a su etapa final, consideró que “llamar a las cosas por su nombre nos va a hacer mejor a todos y este juicio cierra muchos años de lucha sostenida por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo”.

Durante los quince años que llevó la investigación judicial hasta el juicio oral, se obtuvieron muchos testimonios, pero uno de los más reveladores fue el de Victoria, al denunciar la complicidad del fiscal Juan Martín Romero Victorica con su apropiador, el excoronel Herman Tetzlaff y su esposa María del Carmen Duartes, hecho que inmediatamente provocó su renuncia. Para la nieta, que se reencontró con su familia en 2001, el papel del exjuez Roberto Marquevich fue clave porque “fue el primero que habló de plan sistemático y el que abrió la grieta para que estos crímenes se puedan investigar como delitos de lesa humanidad”.

fuente:La Republica