El Gobierno correntino resolvió un recorte presupuestario, solicitar el aval legislativo para contraer un crédito por 750 millones de pesos destinado a obras públicas y planteó un régimen de regularización de deudas con el Estado provincial.

El viernes pasado el gobernador, Ricardo Colombi, envió un proyecto de ley a la Legislatura correntina que busca la regularización de los deudores con el Estado provincial. Se trata de la tercera medida de fuerte impacto económico que el Mandatario pretende tomar para oxigenar las arcas. Todas sus decisiones, en menos de un mes. Sin embargo, dos de ellas necesitan para su implementación del aval parlamentario.

En una nota periodística, Colombi también apuntó que más del 90 por ciento de los ingresos tienen una asignación específica y que tal porcentaje se destina con exclusividad a las prestaciones esenciales y básicas del Estado (Salud, Educación, Seguridad y, por supuesto, salarios).

Es decir, la Provincia prácticamente no contaría con fondos para la concreción de obras públicas en un distrito donde las falencias en infraestructura son fácilmente palpables.

El 28 de diciembre pasado, la Nación firmó una nueva reprogramación de las deudas que las provincias mantienen con el Estado Central. A partir de esta decisión de la administración de Cristina Kirchner, 17 distritos – entre ellos Corrientes – vieron refinanciadas sus obligaciones y, además, cuentan con un plazo de gracia de otros dos años. Es decir, recién se comenzará a saldar en el 2014.
Entonces se conjugaron dos factores. Por un lado, el desahogo financiero. Es decir, la coparticipación nacional – principal fuente de recursos del Estado provincial – llega sin descuentos. Por otra parte, la falta de dinero para obras públicas.

Cuando Colombi giró el proyecto de Presupuesto correspondiente a 2012, incluyó una solicitud de crédito por 650 millones de pesos. Tal fondo iba a ser destinado a obras de infraestructura. La Legislatura – más precisamente la Cámara de Diputados – lo frenó.

Cuatro meses después, el Gobernador insistió. El 25 de abril ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que prevé la toma de un crédito por 750 millones de pesos, fondos que serían destinados con exclusividad a obras públicas.

La iniciativa gubernamental establece los montos y las asignaciones específicas del crédito al que se pide acceder: $150 millones serían destinados a financiar obras e inversiones para la DPEC para optimizar el servicio eléctrico y reducir pérdidas; $200 millones para invertir en arreglos y ampliación de rutas a través de la Dirección Provincial de Vialidad; $200 millones para la construcción y extensión de la red de agua potable y cloacas en las localidades no concesionadas; $200 millones para la construcción del gasoducto de Colonia Libertad, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Mercedes y Paso de los Libres.
Este último viernes, los presidentes de cuatro comisiones del Senado (Edid González, Asuntos Constitucionales; Vicente Picó, Legislación y Asuntos Constitucionales; Rubén Bassi, Hacienda y Obras Públicas; Noel Breard, Impuesto y Presupuesto) firmaron la convocatoria a funcionarios provinciales, para el miércoles 9 a las 10, para que detallen los alcances del proyecto. Es decir, pretenden conocer las razones por las cuales el Gobierno provincial contraería la deuda, de qué manera se saldaría y a qué se destinarían los fondos.

Los convocados son el Ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres; el titular de Obras Públicas, Aníbal Godoy; el Secretario de Energía, Marcelo Gatti; y el interventor de la Dirección Provincial de Energía Eléctrica, Vicente Parisi.

fuente:radio dos